Una nueva masacre en una cárcel de Ecuador, otra vez tras los barrotes de la prisión Litoral de Guayaquil, escenario dos meses atrás de la peor revuelta carcelaria de la historia del país latinoamericano. Entonces perdieron la vida 119 detenidos; en esta ocasión, los muertos fueron 68 y los heridos 25. Más de 300 prisioneros han sido asesinados en lo que va del año en el sistema de detención criminal de Ecuador. Las fuentes locales atribuyen la responsabilidad de los conflictos, causante también de este último hecho de violencia, a bandas ligadas a carteles internacionales de droga.
Fueron necesarios 900 agentes de policía y toda una jornada para devolver la calma a la cárcel de Litoral. Entretanto, a las afueras de esta, los familiares de los detenidos pedían a las fuerzas del orden hacer lo posible para salvar el mayor número de vidas. De nada sirvió, aparentemente, el estado de emergencia declarado por el presidente Guillermo Lasso para luchar contra el narcotráfico, inicialmente circunscrito solo a las cárceles, y extendido luego por 60 días a todo el país, tras el desastre de septiembre.
Pareciera ser que en las cárceles explota, en su forma más brutal, la tensión acumulada en todo el país. Ecuador vive sus momentos más difíciles en los últimos años. En los últimos diez meses los homicidios han alcanzado los 2.000 muertos, cerca de un 30% más que en 2020. Además, en esta misma semana, se multiplicaron las manifestaciones en las calles contra las políticas económicas del gobierno, especialmente por los precios de la bencina y en el sector agrícola. Se trata de la mayor movilización popular desde que el presidente conservador Lasso asumiera, en mayo de este año.
La Iglesia se ha hecho presente en varias ocasiones. También esta vez, después de los hechos ocurridos en Guayaquil el 13 de noviembre, hizo sentir su propia voz a partir de una carta publicada en el sitio de la Conferencia episcopal de Ecuador y firmada por mons. Rafael Cob, vicario apostólico de Puyo. Los obispos, aunque no comprenden «cómo se puede llegar a estos extremos y que un gobierno no pueda hasta hoy cortar y parar esta violencia», invitan a todos a comprometerse para defender la vida y el bien común. «Es importante – explicó el prelado – que la conciencia social de un pueblo reflexione sobre la situación y no nos conformemos con decir que el gobierno es el responsable del orden en las cárceles, si puede ser responsable pero ello no nos quita a todos, a que asumamos también como ciudadanos nuestra responsabilidad, ¿qué hacemos para que haya menos presos, en las cárceles?, ¿para que haya menos violencia en las calles y en las familias?».
