El giro totalitario del fascismo y la violencia contra los católicos

El giro totalitario del fascismo

El giro totalitario del régimen fascista tuvo lugar la tarde del 3 de enero de 1925, cuando, al dirigirse a las Cámaras tras la suspensión por las vacaciones navideñas, Mussolini pronunció palabras muy duras sobre la situación política. Nadie conocía el contenido de su discurso, ni siquiera el rey, aunque lo había recibido la noche anterior. El Duce, en su intervención, lanzó de inmediato un desafío a las oposiciones, citando el artículo 47 del Estatuto, que confería a la Cámara el derecho de acusar a los miembros del gobierno y llevarlos ante el Alto Tribunal de Justicia. Dijo: «Pregunto formalmente si en esta Cámara, o fuera de esta Cámara, hay alguien que quiera valerse del artículo 47 […]. Soy yo, señores, quien levanta en esta Aula la acusación contra mí mismo»^[1]. Y añadió: «Pues bien, declaro aquí, ante esta Asamblea y ante todo el pueblo italiano, que yo asumo, yo solo, la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo que ha sucedido»^[2]. Con tales afirmaciones el Duce hacía una referencia implícita a los acontecimientos del asesinato de Giacomo Matteotti y a todo lo que siguió, incluida la protesta aventiniana. «Si el fascismo ha sido una asociación para delinquir —continuó—, yo soy el jefe de esta asociación para delinquir»^[3].

Después de esto, Mussolini lanzó un ataque a fondo contra todos sus opositores políticos, afirmando que el gobierno en funciones era lo suficientemente fuerte como para aplastar la «sedición del Aventino»: «Estén seguros —declaró de manera categórica— de que en las cuarenta y ocho horas siguientes a este discurso mío la situación quedará aclarada en toda el área»^[4]. A las amenazas siguieron los hechos. De inmediato se pusieron en marcha medidas policiales contra los partidos antifascistas.

Tres días después del discurso de Mussolini en la Cámara, el ministro Luigi Federzoni informó al Consejo de Ministros de los resultados alcanzados: se habían cerrado 95 círculos y lugares de reunión sospechosos, así como 150 establecimientos públicos; además, se habían disuelto 25 organizaciones subversivas y 120 grupos de Italia Libera; se había arrestado a 111 subversivos peligrosos y se habían realizado 655 registros^[5]. La represión policial se abatió contra la prensa de oposición —algunas revistas fueron clausuradas— y en algunos casos también contra periódicos del extremismo fascista, por ser críticos con el gobierno.

El discurso del 3 de enero tuvo también repercusiones en el gobierno en funciones. El 5 de enero los dos ministros liberales, Alessandro Casati y Gino Sarrocchi, presentaron su dimisión y fueron sustituidos por Pietro Fedele en Educación y Giovanni Giuriati en Obras Públicas. También dos ministros fascistas dimitieron del ejecutivo. Mientras que la dimisión de Alberto De Stefani en Hacienda no fue aceptada, la de Aldo Oviglio sí lo fue, y en su lugar fue nombrado ministro de Justicia Alfredo Rocco, quien sería uno de los principales artífices, en el ámbito del derecho, de la transformación del Estado según las nuevas líneas totalitarias^[6].

Farinacci, nuevo jefe del Partido Fascista

El nuevo rumbo del régimen fascista tuvo consecuencias importantes para el partido, con el nombramiento de Roberto Farinacci como secretario general, decidido por el Gran Consejo del Fascismo el 12 de febrero de 1925, cuando se resolvió cerrar definitivamente el período de la dirección colegiada, que había tenido efectos totalmente negativos sobre el partido, y elegir un secretario único. La propuesta de Mussolini de nombrar a Farinacci para el nuevo cargo fue aceptada por unanimidad^[7].

El jefe del fascismo cremonés, además de ser uno de los ras provinciales más poderosos, gozaba de gran prestigio entre los intransigentes del partido, de los que se había convertido en intérprete tras la Marcha sobre Roma y, en particular, después de los acontecimientos del asesinato de Matteotti. Fascista de la primera hora, se había forjado de inmediato una reputación de activista de choque al frente del fascio de Cremona, sembrando el terror con sus escuadras en toda la región. Como jefe del partido, Farinacci pretendía llevar a cabo el proyecto maximalista del llamado «fascismo revolucionario», que había concebido desde el inicio. En un discurso del 22 de febrero de 1925, afirmó: «Tenemos un programa muy preciso: queremos insertar la revolución fascista en el Estado». Esto significaba «legalizar el ilegalismo fascista»^[8]. En otra ocasión declaró: «El fascismo no es un partido, es una religión, es el porvenir de la nación»^[9]. Añadió que todo debía estar al servicio del régimen fascista.

En Roma, tras instalarse en el Palazzo Vidoni, Farinacci se puso de inmediato a trabajar, aplicando a escala nacional los métodos que había experimentado en Cremona. Mussolini, por el momento, lo dejó actuar: era importante dar una señal fuerte y clara; la revolución fascista debía seguir adelante. Además de la vehemencia de su estilo político, agresivo y violento, Farinacci poseía notables dotes de organizador y capacidad política. Su acción, desarrollada con métodos brutalmente expeditivos, fue eficaz para devolver al partido una organización más unitaria y disciplinada.

La nueva situación, es decir, el giro autoritario de 1925, tuvo consecuencias de considerable importancia para el Partido Popular Italiano (PPI), en el que militaban muchos católicos, y también para numerosos grupos de Acción Católica. Por primera vez la Iglesia y el régimen mussoliniano chocaron, de manera desigual, en la defensa de sus respectivos ámbitos de competencia. Para la Iglesia, esto fue solo el comienzo de un conflicto que habría de durar muchos años.

Los fascistas contra los populares

A pesar de la política mussoliniana de «mano tendida» hacia la Iglesia en Italia, no puede decirse en absoluto que las relaciones entre ambas instituciones fueran pacíficas. Estas fueron gestionadas por las dos autoridades —la gubernamental y la eclesiástica— con gran prudencia, a fin de no hacer naufragar el entendimiento alcanzado. La principal causa de conflicto entre el gobierno de Mussolini y la Santa Sede en ese período fue sin duda la violencia fascista contra la Acción Católica. Esta fue uno de los rasgos más característicos del llamado «fascismo de provincia», a menudo abiertamente anticlerical y crítico con la política de conciliación entre el Estado y la Iglesia promovida en aquellos años por Mussolini.

Entre las obras más frecuentemente atacadas por los ras locales figuraban, ante todo, las de compromiso social —como periódicos, bancos rurales, cooperativas y sindicatos—, vinculadas de diversos modos al Partido Popular Italiano, al que la Acción Católica «prestaba» a sus mejores hombres y cuya acción política y social a nivel local a menudo también financiaba. Además, en muchas ocasiones la propia sección política de los populares se alojaba en las sedes de la Acción Católica diocesana, aunque, según don Sturzo, entre las estructuras organizativas de la primera y de la segunda no debería haber confusión, sino una clara distinción de tareas y de fines^[10]. Asimismo, en muchos municipios rurales, sobre todo del norte de Italia, el párroco, además de ser director de los grupos de Acción Católica, era también el encargado y responsable de la sección local del PPI.

Las frecuentes acciones de devastación fascista contra dichas sedes, así como las continuas violencias tanto físicas como morales contra los dirigentes de la Acción Católica, aunque formalmente eran condenadas por los representantes del gobierno, en los hechos eran toleradas por los dirigentes nacionales, cuando no incluso directamente alentadas o, peor aún, sugeridas por ellos. De hecho, el propio Mussolini, después de que el Partido Popular abandonara el gobierno, había afirmado que los nuevos enemigos a combatir no eran los socialistas —cuyas asociaciones y sedes habían sido devastadas y en muchos casos obligadas a cerrar—, sino los populares de Sturzo, más peligrosos que los «rojos» para la causa fascista, porque contaban con el apoyo de la Iglesia y de las numerosas asociaciones católicas^[11].

Así, los actos de violencia fascista contra las asociaciones católicas se intensificaron tras el giro autoritario del 3 de enero de 1925, cuando Mussolini asumió la responsabilidad política y moral del asesinato de Matteotti.

Violencia fascista contra las asociaciones católicas

El recrudecimiento del squadrismo de cuño farinacciano en la primavera de 1925 y la difusión en el país de un clima generalizado de violencia contra los opositores políticos fueron percibidos por la Santa Sede como hechos particularmente graves, capaces de perjudicar las numerosas iniciativas religiosas emprendidas por las diversas diócesis con ocasión del Año Santo^[12]. También la autoridad pública estaba interesada en que dichas iniciativas se desarrollaran pacíficamente. En particular, se fomentaba la peregrinación a Roma, sede de la Iglesia universal, pero también capital del fascismo, devuelta por el régimen a su antigua gloria. Con este fin, el gobierno estableció facilidades especiales para el transporte ferroviario de las personas.

A la luz de todo ello, los actos de violencia fascista llevados a cabo en abril de 1925 contra instituciones católicas, especialmente en las provincias de Romaña y Emilia, indignaron de manera particular a la autoridad eclesiástica y entristecieron profundamente al Papa. L’Osservatore Romano del 29 de abril escribía: «Emilia continúa desde hace algún tiempo gravemente perturbada por fanfarronadas y prepotencias cuya repetición, contra personas e instituciones católicas, haría pensar en una acción sistemática dirigida a intimidar a nuestros jóvenes y a obstaculizar de este modo el floreciente movimiento juvenil que allí cuenta con tradiciones tan hermosas»^[13]. La Santa Sede, además de protestar públicamente contra tales atentados, trató, mediante la mediación del jesuita p. Pietro Tacchi Venturi, de prevenir nuevas violencias contra las obras católicas y de solicitar el justo castigo de los culpables, pero con resultados muy modestos. A pesar de la condena de las violencias por parte del gobierno, estas no cesaron por completo. En junio fueron atacadas algunas asociaciones de Padua, de Adria y de Rovigo.

Ante las reclamaciones del p. Tacchi Venturi, quien, a instancias del cardenal Pietro Gasparri, pedía que el gobierno se comprometiera a «prevenir todo tipo de violencia y a reprimirla, del mismo modo que se hace con las perpetradas en perjuicio de cualquier ciudadano particular»^[14], el ministro del Interior, Federzoni, con quien el jesuita mantenía comunicación desde hacía meses, afirmó que gran parte de esas violencias no estaban dirigidas contra las asociaciones de Acción Católica, sino contra las sedes de los populares, a menudo ubicadas en los mismos edificios.

A pesar de las garantías dadas, las violencias fascistas no solo continuaron, sino que en las semanas y los meses siguientes, en diversas provincias del norte de Italia y también en otros lugares, alcanzaron niveles nunca registrados anteriormente. A estas, como ya era habitual, siguieron las habituales denuncias de L’Osservatore Romano y de La Civiltà Cattolica.

Este recrudecimiento del ilegalismo siguió de inmediato a las palabras pronunciadas por el diputado Farinacci en un mitin, en las que exaltó las llamadas «violencias morales», útiles sobre todo «cuando —dijo el secretario del fascismo— están guiadas por una idea fuerte y no por bajos cálculos y mezquinos intereses». Según La Civiltà Cattolica, esta manera irresponsable de expresarse habría tenido el efecto de debilitar «la sustancia misma del reproche» formulado recientemente por la autoridad gubernativa y de empujar a los más audaces a acciones inmorales, con la justificación de su utilidad política, «como si la utilidad entrara como elemento constitutivo de la moralidad, o como si, reducida a estos términos la licitud o ilicitud de la violencia ilegal»^[15], pudiera justificar acciones inmorales solo porque se consideraban útiles o ventajosas para el partido.

A pesar de las garantías, la violencia fascista continúa

La violencia fascista contra las asociaciones católicas continuó también durante el mes de agosto. Causaron particular impresión entre los católicos los episodios del 16 de agosto en Puegnago, en la provincia de Brescia, donde un grupo de fascistas, llegados de localidades vecinas, no solo perturbó una procesión religiosa, sino que posteriormente amenazó de muerte al párroco, considerado simpatizante de los populares. También en el sur de Italia se produjeron actos de agresión contra los católicos. Cabe recordar asimismo que la prensa católica, en aquellos meses, denunció no solo las violencias cometidas contra los católicos, sino también las dirigidas contra los opositores políticos e incluso las ejercidas contra los propios fascistas.

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, en Ferrara tenía lugar el proceso por el asesinato de don Giovanni Minzoni, arcipreste de Argenta, brutalmente asesinado por los fascistas. «El resultado del juicio era vivamente esperado, tanto por el hecho en sí mismo como porque se había intentado asesinar también moralmente a la víctima, manchando de lodo su memoria»^[16]. La sentencia dictada por los jueces fue de absolución de todos los imputados, que de inmediato fueron puestos en libertad y llevados en triunfo por los fascistas. Resultaba sumamente doloroso —comentaba La Civiltà Cattolica— que un crimen feroz quedara impune, mientras los culpables permanecían en la sombra. Del mismo modo, era peligroso para la justicia afirmar, como se había hecho durante el juicio, que había delitos que no nacían en la mente de individuos concretos, sino que se respiraban en el ambiente y, por tanto, encontraban justificación en la causa revolucionaria. Mons. Nazareno Orlandi, al comentar la sentencia, escribió: «No justificamos ni protestamos: en la profundísima amargura que se ha acumulado sobre nuestro ánimo, debemos sin embargo constatar con inmenso dolor que, mientras casi siempre se descubren y se sabe descubrir a los autores de tantos delitos comunes, han escapado a toda investigación los asesinos cobardes y sacrílegos que, con un golpe de bastón, mataron a un sacerdote ejemplar»^[17].

Tras las protestas vaticanas por la violencia contra las asociaciones católicas, Mussolini se activó para atender, en la medida de lo posible, las peticiones de la Santa Sede, ordenando a los prefectos que llevaran ante la justicia a los responsables de acciones de violencia injustificadas contra las obras católicas. «“El señor ministro —escribió el p. Tacchi Venturi al cardenal Gasparri— ha reconocido plenamente la justeza de nuestras consideraciones acerca de las violencias y la necesidad de prevenirlas, en la medida de lo posible, y de castigarlas todas, vengan de donde vengan y bajo cualquier pretexto engañoso”». El propio Mussolini, al parecer, ordenó a Farinacci que dejara en paz las obras católicas y que pusiera fin al clima de violencia e inseguridad que desde hacía ya varios meses estaba envenenando el país. A este respecto, el jesuita escribió en su carta al Secretario de Estado: «[Federzoni] me ha añadido también que Farinacci, dócil a las amonestaciones paternales del Duce, parece otro; tanto ha cambiado de tono y está resuelto a depurar el partido; finalmente, que en el próximo Gran Consejo, que tendrá lugar, creo, el día 19 del corriente mes, el honorable Mussolini hablará no menos enérgicamente contra toda especie de violencia»^[18].

Fueron los episodios de Florencia del 3 de octubre de 1925, uno de los peores excesos de violencia cometidos hasta entonces por el squadrismo fascista, los que convencieron a Mussolini y a los demás dirigentes del partido de que la violencia acabaría por desbordar el país y poner en crisis la autoridad del Estado. Tras la muerte de un dirigente del Fascio que, al presentarse en la casa de un adversario político, presunto miembro de la masonería, para arrestarlo, fue abatido por este con un disparo de revólver, bandas de escuadristas se dispersaron por toda la ciudad, devastando las viviendas de los opositores políticos y matando a algunos de ellos, entre los cuales el ex diputado socialista, el honorable Pilati, y el abogado Gaetano Consolo, también socialista, masacrado en su propia casa ante los ojos de su esposa y de sus hijos.

A estos hechos siguieron la expulsión del partido de los elementos más violentos del fascismo florentino y la disolución, decretada por Farinacci, de las escuadras denominadas de los «salvajes de Colle Val d’Elsa». En un artículo publicado en Gerarchia, Mussolini fijó las líneas generales de la estrategia fascista en materia de violencia. Recordando las palabras que había dirigido a los jerarcas del partido en el Augusteo, afirmaba: «La violencia es moral cuando es oportuna, quirúrgica, caballeresca. Pero cuando el partido de la revolución tiene el poder en sus manos, la violencia debe ser, en los instrumentos y en los fines, exclusivamente “estatal”. El partido debe limitarse a crear y mantener un ambiente “favorable” para el ejercicio de esta eventual violencia de Estado»^[19]. Estas palabras fueron criticadas por La Civiltà Cattolica, porque expresaban una concepción del Estado que ciertamente no era la cristiana; pero al mismo tiempo se reconocía al Duce la capacidad de mantener bajo control al partido fascista y de garantizar así la seguridad pública.

Atento a no agudizar el conflicto con la Santa Sede en un momento en que una comisión gubernamental estaba ocupada en redactar una reforma de la legislación eclesiástica que resultara aceptable para las autoridades de la Iglesia, Mussolini trató de responder en cierta medida a las peticiones vaticanas en materia de violencia contra las obras católicas: por un lado, dio órdenes tajantes a los prefectos para que se impidiera toda forma de violencia contra las sedes de estas asociaciones y para que los eventuales responsables de tales actos fueran puestos a disposición de la justicia; por otro, no aceptó la petición de indemnización por los daños materiales sufridos por las mismas. Según la habitual política mussoliniana del palo y la zanahoria, mientras por un lado se negaba a la Iglesia el derecho al resarcimiento de los daños por las devastaciones sufridas, por otro se concedía la inclusión en el calendario de las fiestas nacionales a la de san José^[20], que había sido solicitada reiteradamente por las organizaciones de Acción Católica, también con una finalidad antisocialista, o más bien antisubversiva.

En lo que respecta a la violencia contra las secciones de Acción Católica, esta volvió a recrudecer poco tiempo después, cuando Mussolini instituyó en 1926 a los Balilla y exigió la supresión de los exploradores católicos en toda Italia, algo que Pío XI no toleró. El Papa, en efecto, no aceptaba que los jóvenes católicos fueran encuadrados en las asociaciones juveniles fascistas en detrimento de las católicas, a las que estaba profundamente ligado.

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1. B. Mussolini, Opera omnia, vol. XXI, Florencia, La Fenice, 1956, 235. ↑

2. Ibid., 238. ↑

3. Ibid, 239. ↑

4. Ibid., 240. ↑

5. Cf. E. Gentile, Storia del fascismo, Roma – Bari, Laterza, 2022, 516. ↑

6. Cf. ibid. ↑

7. Cf. ibid., 517. ↑

8. R. Farinacci, Un periodo aureo del Partito Nazionale Fascista, Foligno (Pg), Campitelli, 1927, 31. ↑

9. Ibid., 58. ↑

10. Cf. D. Veneruso, La vigilia del fascismo, Bolonia, il Mulino, 1968; 142 s.; N. Tranfaglia, «La prima guerra mondiale e il fascismo», en Storia dell’Italia contemporanea, vol. 1, Turín, Utet, 1984, 282 s. ↑

11. Cf. S. Rogari, Santa Sede e fascismo. Dall’Aventino ai Patti Lateranensi, Bolonia, Forni, 1977, 68. ↑

12. Cf. G. Sale, La Chiesa di Mussolini, Milán, Rizzoli, 2011, 160. ↑

13. «Violenze nell’Emilia contro cattolici», en L’Osservatore Romano, 29 de abril de 1925. ↑

14. R. De Felice, Mussolini il fascista, vol. II, Turín, Einaudi, 1996, 113. ↑

15. «Cose italiane», en Civ. Catt. 1925 III 375. ↑

16. Ibid., 376. ↑

17. Ibid. ↑

18. G. Sale, Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione, Milán, Jaca Book, 2007, 217. ↑

19. «Cose italiane», en Civ. Catt. 1925 IV 286. ↑

20. Anteriormente, con motivo del Año Santo, se había incluido entre las fiestas nacionales la de San Francisco de Asís, patrón de Italia. ↑