Los centros de estafa en el Sudeste Asiático: una nueva forma de esclavitud

Con ocasión de la apertura de la octogésima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mons. Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, dirigió a la Asamblea un discurso sobre la misión de las Naciones Unidas a ochenta años de su fundación^[1].

Subrayando «la importancia que sigue teniendo la cooperación multilateral para afrontar las cuestiones globales», llamó la atención de la Asamblea tanto sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como sobre los «pilares fundantes de paz, justicia y verdad» enunciados por el papa León XIV el 16 de mayo de 2025, en su discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Entre los muchos desafíos que la contemporaneidad plantea a esta cooperación multilateral, destacó los «centros de estafa» (scam centers, en inglés) del Sudeste Asiático. Estas estructuras, gestionadas por el crimen organizado, son operaciones sofisticadas en las que la trata de personas proporciona mano de obra forzada para la comisión de delitos informáticos a gran escala. Los centros de estafa perjudican no solo a las víctimas engañadas y convencidas de enviar dinero, sino también a las personas obligadas a trabajar al servicio de las organizaciones criminales.

Constituyen, por tanto, graves violaciones de la dignidad de las personas involucradas y serias amenazas al Estado de derecho y a la credibilidad de los gobiernos. Operan, en efecto, en zonas caracterizadas por una débil presencia estatal, a menudo a lo largo de las fronteras o en regiones en disputa del Sudeste Asiático. Por ello merecen una atención particular por parte de las organizaciones llamadas a promover relaciones multilaterales sanas entre los Estados, en primer lugar las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

Los centros de estafa: una nueva forma de esclavitud

Los centros de estafa son una forma de criminalidad organizada que no puede describirse con precisión. Su historia ayuda a comprender qué han sido y en qué podrían convertirse en ausencia de una cooperación concreta y efectiva entre las comunidades afectadas.

Su nacimiento y su evolución han estado fuertemente influidos por la pandemia de Covid-19. Muchos habían surgido como centros dedicados al juego de azar, a menudo situados en zonas donde el control del Estado era relativamente débil. Estaban vinculados al crimen organizado, que obtenía beneficios tanto de las ganancias de los casinos como de las oportunidades de blanqueo de capitales. Cuando la pandemia hizo imposibles o difíciles las actividades presenciales, los sindicatos criminales que los gestionaban actualizaron su función, orientándola hacia el fraude informático^[2]. Esta transformación revela cuán mutable y adaptable es la naturaleza de tales organizaciones y la posibilidad de que vuelvan a transformarse en el futuro, lo que hace aún más compleja la acción de las fuerzas del orden.

Una reciente declaración de las Naciones Unidas describe estos centros como «trata de seres humanos a gran escala con fines de trabajo forzoso y de criminalidad forzada dentro de complejos situados en el Sudeste Asiático, donde cientos de miles de personas de diversas nacionalidades están atrapadas y obligadas a cometer fraudes en línea o a colaborar con operaciones criminales»^[3]. Las estafas abarcan una amplia variedad de esquemas en línea: desde engaños sentimentales hasta fraudes de inversión, desde el robo de identidad hasta el phishing, pasando por estafas con criptomonedas y falsos arrestos digitales. Las estrategias se perfeccionan constantemente. Como observa mons. Gallagher, los centros de estafa se concentran sobre todo en el Sudeste Asiático —en Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia y Filipinas—, a menudo en áreas alejadas de una verdadera capacidad de intervención estatal. Algunas de estas «fábricas de fraude» se han vuelto tristemente célebres gracias a investigaciones periodísticas y a intervenciones gubernamentales, como el KK Park en Myanmar, que la junta militar afirma haber registrado en octubre de 2025, o la instalación de Bamban en Filipinas^[4]. Estos centros se desplazan para eludir a las autoridades y se expanden donde encuentran condiciones favorables: por ejemplo, recientemente se ha registrado su proliferación a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia.

El personal está compuesto en su mayoría por personas retenidas contra su voluntad, secuestradas o engañadas y obligadas a trabajar. Las estimaciones son inciertas, pero, según la ONU, cientos de miles de personas habrían sido objeto de trata para esta industria^[5]. Las víctimas proceden de varios países, principalmente del Sudeste Asiático. Explica la organización International Justice Mission: «Los criminales utilizan las plataformas de redes sociales para publicitar falsamente trabajos lucrativos con salarios elevados y condiciones ideales. Los traficantes organizan todo lo necesario para que la oferta resulte irresistible. Una vez en el lugar, se confiscan los documentos y los teléfonos de las víctimas, impidiéndoles huir o pedir ayuda. Son retenidas y con frecuencia sufren abusos y golpes»^[6].

Una revista relata el caso de un hombre obligado a trabajar en un centro de estafa en Myanmar, donde era forzado a realizar «estafas sentimentales» durante 16 horas al día. En estos engaños se utiliza una identidad ficticia para ganarse la confianza y el afecto de una persona, que luego es inducida a enviar dinero con diversos pretextos, como ayudar al interlocutor a salir de una situación difícil u organizar un supuesto encuentro. En escenarios más sofisticados, la víctima es llevada a compartir datos personales o bancarios, lo que permite robar su identidad y sus recursos financieros^[7].

El hombre en cuestión compartía el dormitorio con muchas otras personas, todas bajo el temor constante de sufrir violencia. En los centros de estafa, las personas objeto de trata están confinadas en espacios reducidos, con comida y agua limitadas y sin ninguna privacidad, y trabajan a ritmos extenuantes. Un observador de las Naciones Unidas describió estos centros como «no muy diferentes de una gran empresa tecnológica», con dormitorios, comedores y espacios de trabajo, donde toda la vida está organizada en torno al trabajo forzoso^[8]. Incluso cuentan con departamentos destinados específicamente a víctimas de una determinada lengua o nacionalidad: por ejemplo, vietnamitas encargados de estafar a otros vietnamitas, o chinos obligados a defraudar a compatriotas de habla china. La «dirección» disfruta de condiciones de vida notablemente mejores, a menudo dentro del mismo centro.

Las personas traficadas pueden permanecer atrapadas durante meses o años, si es que alguna vez logran salir. Un informe de la ONU señala que «algunos son vendidos a otros centros de estafa, o sus familias deben pagar un rescate. Los intentos de fuga suelen terminar en castigos severos o en la muerte»^[9]. En ciertos casos, las organizaciones criminales, para recuperar gastos, obligan a las víctimas a prostituirse o incluso al tráfico de órganos^[10].

Una investigación de The Guardian demostró que la trata para estos centros se ha extendido también a África, especialmente hacia jóvenes de África oriental de habla inglesa, empleados para estafar a usuarios angloparlantes en línea^[11]. Los criminales aprovecharon la invitación del gobierno keniano a los jóvenes para buscar trabajo en el extranjero: muchos, atraídos por ofertas laborales tentadoras en Tailandia, eran luego introducidos clandestinamente en Myanmar con falsos pretextos. Un estudio estadounidense estima que en 2024 las estafas sufridas por ciudadanos de Estados Unidos ascendieron a más de 10.000 millones de dólares, y prevé que el mercado para trabajadores de lengua inglesa continuará creciendo^[12].

Los sindicatos criminales que gestionan estos centros incluyen también grupos de origen chino y taiwanés. La lucha contra estas operaciones ha dado lugar a formas de colaboración entre Pekín y Taipéi que, sin embargo, no han erradicado definitivamente el problema.

Las víctimas

Los centros de estafa representan una forma compleja y cambiante de criminalidad organizada y plantean diversos desafíos a la comunidad internacional. Ante todo, constituyen un ultraje a la dignidad de las personas víctimas de trata. Quienes trabajan en estos centros son retenidos contra su voluntad: son «comprados y vendidos» mediante mecanismos totalmente ilegales e injustos, para luego ser aún más explotados y abusados. Los centros de estafa recuerdan al mundo que la esclavitud no ha desaparecido, aunque la moderna pueda adoptar formas distintas de las antiguas^[13]. También se vulneran los derechos de las personas como trabajadores cuando son incorporadas a la trata. Como muestra el caso de Kenia, estas organizaciones criminales explotan la necesidad de las personas de emigrar para trabajar: las falsas promesas de empleo resultan tanto más atractivas precisamente debido a la necesidad económica de los trabajadores.

Las condiciones del trabajo forzoso son miserables: quienes son obligados a ello trabajan sin salario ni remuneración alguna, en ocupaciones que no han elegido. Además, el propio trabajo es ilegal, lo que convierte a quienes lo realizan en cómplices del delito y de la deshumanización de las víctimas. Como señala un informe: «Los operadores de estafas informáticas crean dos tipos de víctimas: por un lado, quienes son engañados en línea y despojados de su dinero; por otro, las personas —a menudo reclutadas por la fuerza— que son explotadas para cometer tales estafas. Respecto de estas últimas, las distinciones tradicionales entre víctimas y culpables resultan poco pertinentes»^[14].

Los centros de estafa también cometen un abuso contra quienes son estafados. Es difícil estimar el dinero sustraído cada año a estas víctimas, pero los daños van mucho más allá de la pérdida económica. Se calcula que estas operaciones generan decenas de miles de millones de dólares estadounidenses al año. Muchos de los estafados no son personas ricas, por lo que estas cifras no reflejan plenamente hasta qué punto tales fraudes pueden ser devastadores para sus vidas. Los efectos se extienden al plano emocional, familiar y social, generando angustia, conflictos familiares y sociales y desconfianza.

Una cuestión crucial se refiere a lo que ocurre con las víctimas una vez que salen del yugo del trabajo forzoso. Numerosos expertos y defensores de los derechos humanos sostienen la necesidad de un enfoque «centrado en la víctima», desarrollado en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Este enfoque busca comprender y responder a las necesidades de las personas sobrevivientes de experiencias semejantes y, en el contexto de los centros de estafa y de la trata de seres humanos, pretende también proteger a las víctimas de responsabilidades penales por los delitos que fueron obligadas a cometer. Un informe conjunto de varios relatores especiales de las Naciones Unidas recomienda que estos principios se apliquen de manera rigurosa: «El principio de no punición debe ser plenamente respetado, garantizando que las víctimas no sean procesadas por delitos cometidos como consecuencia directa de su condición de personas traficadas, ya sea en virtud de las leyes de inmigración o de las leyes penales. Es asimismo esencial que las víctimas tengan acceso efectivo a programas de rehabilitación del trauma y a la atención de las torturas sufridas, y que la repatriación de las víctimas de trata se realice sobre una base estrictamente voluntaria, en condiciones de seguridad y en pleno respeto de su dignidad, de conformidad con el principio de no devolución (non-refoulement). Debe asegurarse un acceso real a la protección internacional, sin discriminaciones, y deben concederse permisos de residencia permanentes e incondicionados a quienes no puedan regresar a su país de origen. También deben garantizarse apoyos a largo plazo y sin condiciones, que incluyan asistencia psicosocial, médica y jurídica. Es necesario que las víctimas con discapacidad dispongan de medidas de apoyo adecuadas y basadas en derechos, y que se les garantice la posibilidad de acceder efectivamente a la justicia»^[15].

No está claro, sin embargo, qué autoridades estarán dispuestas y serán capaces de comprometerse a respetar tales estándares, especialmente allí donde los funcionarios competentes no han sido capaces, o no han querido, impedir en un inicio estos crímenes.

Además de las violaciones humanas y los costos sociales, muchas actividades de los centros de estafa implican también un notable impacto ambiental, tanto en su construcción como en su funcionamiento. Las redes criminales talan bosques y contaminan el aire y el agua para edificar nuevos emplazamientos, contribuyendo a la deforestación, la erosión del suelo y la pérdida de hábitats naturales. Ignoran impunemente las leyes ambientales, aprovechándose a menudo de las «zonas económicas especiales» para construir sus centros^[16]. Aunque en ocasiones la población local obtiene algún beneficio económico temporal de las oportunidades laborales en esos centros, el precio pagado en términos de degradación de los ecosistemas es altísimo.

La capacidad del Estado y el Estado de derecho

Los centros de estafa plantean la cuestión del Estado de derecho y de la capacidad de los gobiernos para combatir estos crímenes. Como recordó mons. Gallagher ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el contexto de estos fenómenos es decisivo: «En el Sudeste Asiático, numerosas situaciones de inestabilidad y conflicto están agravando aún más preocupaciones humanitarias de larga data. […] En esta situación de conflicto persistente, el crimen transnacional está en aumento»^[17].

Los centros de estafa no pueden operar fácilmente donde el Estado de derecho es sólido. En cambio, encuentran el camino despejado en contextos donde la legalidad es débil, y ello puede deberse a una escasa capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes, a la complicidad de algunos funcionarios con elementos criminales y a la ausencia de una cooperación internacional eficaz. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, mons. Gallagher recordó en varias ocasiones la importancia del Estado de derecho; citando al papa Francisco, afirmó que «la tarea de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos de su Carta constitutiva, puede verse como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para realizar el ideal de la fraternidad universal». Y añadió: «En términos prácticos, el Estado de derecho se refiere a la idea de limitar el ejercicio del poder. Ningún individuo o grupo, independientemente de su estatus, debería reclamar la autoridad de violar la dignidad y los derechos de otros o de sus comunidades»^[18].

Los Estados tienen, por tanto, el deber de proteger los derechos de sus ciudadanos y de garantizar la justicia dentro de sus propias fronteras. No todos, sin embargo, están igualmente en condiciones de hacerlo. Como afirma san Juan Pablo II en Centesimus annus, sintetizando la Rerum novarum: «El Estado tiene la incumbencia de velar por el bien común y cuidar que todas las esferas de la vida social, sin excluir la económica, contribuyan a promoverlo, naturalmente dentro del respeto debido a la justa autonomía de cada una de ellas»^[19]. Los Estados que no logran prevenir tales crímenes incumplen sus deberes hacia los ciudadanos.

Así como el principio de subsidiariedad es fundamental en la Doctrina Social de la Iglesia y en la política internacional, también la respuesta a estos crímenes requiere no solo la acción del Estado, sino también la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil. Son a menudo estas últimas, en efecto, las que vigilan y denuncian tales fenómenos, incluso cuando implican corrupción política o connivencia. A los grupos subsidiarios en cuestión debe garantizárseles la libertad de vivir su propia vocación asociativa y de ejercer sus funciones: esto no es solo una condición de justicia, sino también un beneficio para el bien común. Muchas de estas organizaciones de la sociedad civil tienen, por su propia naturaleza, un fundamento religioso, aunque ofrecen sus servicios a todas las personas. Sus actividades dependen, por tanto, también de la tutela de la libertad religiosa.

El multilateralismo

Como recordó mons. Gallagher ante la Asamblea General de la ONU, los centros de estafa ponen a prueba la capacidad de los Estados para cooperar en torno a objetivos compartidos. Su intervención tuvo lugar en un momento crucial de la historia de las Naciones Unidas. Fundada en 1945, la ONU se propone, según el artículo 1 de su Carta, «mantener la paz y la seguridad internacionales», «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos», «realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales» y «servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes»^[20]. En el marco de las celebraciones del aniversario, el secretario general António Guterres presentó la iniciativa UN80 para relanzar y reorientar la organización^[21], formulando su objetivo en términos de una pregunta fundamental: «¿Cómo puede la ONU adaptarse para volverse más ágil, integrada y capaz de responder a los complejos desafíos globales actuales, en un contexto de recursos cada vez más limitados?»^[22]. Queda por ver si esta iniciativa logrará realmente afrontar los desafíos que el mundo actual plantea a la ONU.

Muchos observadores señalan que los resultados obtenidos hasta ahora son contradictorios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, crítico desde hace tiempo de la Organización, declaró en un discurso pronunciado durante la semana inaugural de la Asamblea: «¿Para qué sirve realmente la ONU? Tiene un potencial enorme…, pero parece que solo escriben cartas con un tono fuerte y luego nunca hacen nada para dar seguimiento a esas palabras. Son palabras vacías, y las palabras vacías no detienen las guerras»^[23]. También la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en su intervención ante la ONU, se preguntó si la organización ha alcanzado verdaderamente su objetivo primario, el de impedir la guerra: «La respuesta la conocen todos —concluyó—, porque está en la crónica, y es implacable»^[24].

En las últimas décadas, los Pontífices han subrayado repetidamente la importancia de las Naciones Unidas y, más en general, de las relaciones multilaterales, ofreciendo también el servicio diplomático de la Santa Sede a esta misión. En el Mensaje a los participantes en la XLIV Sesión de la Conferencia de la FAO, el papa León XIV afirmó: «Por lo tanto, es perentorio pasar de las palabras a los hechos, poniendo en el centro medidas eficaces que permitan a estas personas mirar su presente y su futuro con confianza y serenidad, y no solo con resignación, dando así por zanjada la época de los eslóganes y las promesas embaucadoras». En ese contexto, el Pontífice aseguraba que «la Santa Sede estará siempre al servicio de la concordia entre los pueblos y no se cansará de cooperar al bien común de la familia de las naciones»^[25].

Ningún documento pontificio reciente ha insistido quizá tanto en la importancia del multilateralismo como la exhortación apostólica Laudate Deum, en la que el papa Francisco no solo invitó al mundo a un multilateralismo sano, sino que propuso también un nuevo estilo de diplomacia internacional capaz de responder a los desafíos del tiempo presente. Un estilo que debe estar abierto a los impulsos «desde abajo» e inspirarse en esa «nueva sensibilidad hacia quienes son más débiles y tienen menos poder» que integra la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la persona humana. El Papa describió así la situación actual: «La vieja diplomacia, también en crisis, sigue mostrando su importancia y su necesidad. Todavía no ha logrado generar un modelo de diplomacia multilateral que responda a la nueva configuración del mundo, pero, si sabe reconfigurarse, debe ser parte de la solución, porque la experiencia de siglos tampoco puede ser desechada»^[26]. Los esfuerzos por prevenir y desmantelar los centros de estafa deben interpretarse a la luz de estas consideraciones.

Un posible ámbito de cooperación internacional lo representa la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. En efecto, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime recomienda: «Dada la naturaleza transnacional de estas redes criminales y la facilidad con la que las operaciones fraudulentas se desplazan más allá de las fronteras, es esencial reforzar la cooperación regional. Esto debe ir más allá del simple diálogo y requiere medidas concretas para mejorar el intercambio de información y la colaboración entre los gobiernos, en particular entre las fuerzas del orden —como ya ha promovido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Proceso de Bali y la ASEAN—, pero también para consolidar las redes regionales del sector privado y de la sociedad civil»^[27]. También los gobiernos occidentales se han implicado en la cuestión, en particular los de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, cuyos ciudadanos han sido con frecuencia blanco de fraudes. Queda por ver si estos países colaborarán plenamente con los Estados del Sudeste Asiático; Australia, por su parte, ya ha puesto en marcha con la ASEAN iniciativas conjuntas en este ámbito.

En un momento en que la diplomacia multilateral atraviesa graves dificultades, la complejidad de los crímenes cometidos en los centros de estafa representa un obstáculo adicional para la cooperación. Jason Tower, de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, declaró al New York Times que un elemento esencial de dicha colaboración debe ser de carácter financiero: los Estados deben poder compartir información para rastrear los flujos de dinero que entran y salen de las redes criminales internacionales^[28]. Como afirma el informe de la Global Initiative de mayo de 2025, «la trata de personas, el fraude financiero, el cibercrimen, la corrupción y el blanqueo de capitales —también a través de criptomonedas— deben entenderse no como categorías distintas, sino como aspectos de una única realidad»^[29]. Este enfoque requiere una cooperación no fragmentaria, sino global e integrada, capaz de abordar los centros de estafa en sus múltiples e interconectadas dimensiones.

***

Los desafíos que el mundo afronta actualmente no son ni menos numerosos ni menos graves que los que existían en el momento de la fundación de las Naciones Unidas. Es más, quizá hoy haya aún menos consenso sobre los principios que deberían orientar la política y la cooperación internacional, incluidas las cuestiones antropológicas fundamentales relativas a lo que verdaderamente sirve al bien humano. Mons. Gallagher, así como otros Estados y expertos del sector, invitan a la ONU a permanecer fiel a su carisma originario y a sus principios fundacionales. No se trata de criterios opcionales, sino de normas y orientaciones esenciales para toda política sana y, en consecuencia, para todo auténtico multilateralismo. Como recuerda León XIV: «Que Dios renueve en cada uno de nosotros aquella esperanza que no defrauda (cf. Rm 5,5). ¡Los desafíos que tenemos ante nosotros son inmensos, pero también lo son nuestras potencialidades y las posibles líneas de acción!»^[30].

La fidelidad a tales principios será puesta a prueba de manera particular en la lucha contra los centros de estafa. El éxito en el combate contra estas formas de criminalidad dependerá de un multilateralismo capaz de fortalecer la capacidad de los Estados para garantizar el Estado de derecho y de promover el compromiso de la sociedad civil en el marco del principio de subsidiariedad. Una nueva forma de esclavitud.

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1. Cf. P. R. Gallagher, «Riformare l’Onu per promuovere la pace, lo sviluppo e i diritti umani», en L’Osservatore Romano, 30 de septiembre de 2025. ↑
2. Cf. «Myanmar’s proliferating scam centers», en Nikkei Asia (https://asia.nikkei.com/static/vdata/infographics/myanmar-scam-centers), 11 de julio de 2025. ↑
3. Office of the High Commissioner for Human Rights, «Joint Statement by the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, Special Rapporteur on trafficking in persons, and Special Rapporteur on Cambodia on immediate human rights-based action to tackle forced criminality in Southeast Asia scam centers» (https://tinyurl.com/3wwk8tvw), 19 de mayo de 2025. ↑
4. Cf. J. Head, «Notorious cyber scam hub linked to Chinese mafia raided», en BBC (www.bbc.com/news/articles/c0jdn4yjze6o), 20 de octubre de 2025. ↑
5. Cf. «Hundreds of thousands trafficked into online criminality across SE Asia», en UN News (www.news.un.org/en/story/2023/08/1140187), 29 de agosto de 2023. ↑
6. «Forced Scamming», en IJM (www.ijm.org/our-work/trafficking-slavery/forced-scamming). ↑
7. Cf. «Myanmar’s proliferating scam centers», cit. ↑
8. Cf. United Nations Office on Drugs and crime, «Crushing scam farms, Southeast Asia’s “criminal service providers”» (https://tinyurl.com/2s449dp6). ↑
9. United Nations Human Right Special Procedures, «Joint Statement…», cit. ↑
10. Cf. W. Mwaura, «The Kenyans lured to become unwitting “love” fraudsters», en BBC (www.bbc.com/news/world-africa-63654637), 26 de noviembre de 2022. ↑
11. Cf. F. Kelliher – C. Mureithi, «“I broke completely”: how jobseekers from Africa are being tricked into slavery in Asia’s cyberscam compounds», en The Guardian (https://tinyurl.com/bdh5t44x), 9 de septiembre de 2025. ↑
12. Cf. M. Rubio, «Imposing Sanctions on Online Scam Centers in Southeast Asia» (https://tinyurl.com/4pntu7c2), 8 de septiembre de 2025. ↑
13. Cf. «Trafficking and slavery still exist today», en IJM (www.ijm.org/our-work/trafficking-slavery). ↑
14. Global Initiative Against International Organized Crime, «Compound Crime. Cyber Scam Operations in Southeast Asia» (https://tinyurl.com/mr28yd8d), mayo 2025. ↑
15. United Nations Human Right Special Procedures, «Joint Statement…», cit. ↑
16. Cf. Global Initiative Against International Organized Crime, «Compound Crime…», cit. ↑
17. P. R. Gallagher, «Riformare l’Onu…», cit. ↑
18. Ibid. ↑
19. Juan Pablo II, s., Encíclica Centesimus annus, 1º de mayo de 1991 (https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html) ↑
20. Carta de las Naciones Unidas, art. 1. (https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1) ↑
21. Cf. United Nations, «UN80 Initiative» (www.un.org/un80-initiative/en). ↑
22. Id., «What is the UN80 Initiative?» (www.un.org/un80-initiative/en/news/what-un80-initiative). ↑
23. «At UN, President Trump Champions Sovereignty, Rejects Globalism», en The White House (https://tinyurl.com/upck6zsu), 23 de septiembre de 2025. ↑
24. Presidenza del Consiglio dei ministri, «L’intervento del Presidente Meloni all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite», 24 de septiembre de 2025, (https://tinyurl.com/yzh87s28). ↑
25. León XIV, Mensaje a los participantes de la XLIV Sesión de la Conferencia FAO, 30 de junio de 2025 (https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/messages/pont-messages/2025/documents/20250630-messaggio-fao.html). ↑
26. Francisco, Exhortación apostólica Laudate Deum, 4 de octubre de 2023, n. 41 (https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html) ↑
27. Global Initiative Against International Organized Crime, «Compound Crime…», cit. ↑
28. Cf. F. Regalado, «Americans Have Lost Billions to Online Scams. How Is That Possible?», en The New York Times (https://tinyurl.com/437kkwc5), 23 de octubre de 2025. ↑
29. Global Initiative Against International Organized Crime, «Compound Crime…», cit. ↑
30. León XIV, Discurso en la FAO, Roma, 16 de octubre de 2025 (www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/october/documents/20251016-fao.html). ↑