A 100 años del atentado de Mussolini en Bolonia

El atentado contra Mussolini del 31 de octubre de 1926, en Bolonia, el cuarto en menos de un año, dio al régimen la oportunidad de promulgar nuevas medidas represivas de las libertades estatutarias y, por tanto, de continuar la labor de fascistización del Estado, iniciada ya tras los acontecimientos relacionados con el asesinato de Matteotti y proseguida con motivo de los diversos atentados perpetrados contra la vida de Mussolini, a menudo por desequilibrados irresponsables.

En efecto, fue el fallido intento del exdiputado socialista Tito Zaniboni, el 4 de noviembre de 1925, el que brindó al Gobierno la ocasión de dictar las primeras medidas destinadas a modificar, en sentido autoritario, la naturaleza y la estructura de los poderes públicos. Una disposición legislativa del 24 de diciembre de 1925 otorgó a Mussolini —denominado ya «jefe del Gobierno y Duce del fascismo»— la totalidad del poder ejecutivo, de cuyo ejercicio debía responder únicamente ante el rey. Otra disposición, del 31 de enero de 1926, completaba la anterior al reconocer al Gobierno la potestad de promulgar leyes sin tener que dar cuenta de ellas al Parlamento, que quedaba así reducido a la mera función de «cámara de registro». Otras disposiciones legislativas aprobadas posteriormente afectaban al ámbito de actuación y a las funciones de los prefectos —cuyas atribuciones se ampliaron en detrimento de los ras locales—, así como a la organización de las administraciones locales.

Sin embargo, solo con las llamadas «leyes fascistísimas», aprobadas por el Gobierno tras el atentado de Bolonia, se asestó el último y definitivo golpe mortal al sistema de garantías estatutarias, es decir, a aquel régimen de libertades que, según Mussolini, en lugar de unir a los italianos en torno al orden, «que hace a todos corresponsables de la paz dentro de un país», los dividía en facciones enfrentadas^[1]. En definitiva, el atentado de Bolonia desempeñó en la historia de los veinte años del fascismo un papel que puede compararse, con cierta aproximación, como escribe el historiador francés Milza, «al que desempeñará el incendio del Reichstag en la Alemania hitleriana. En ambos dictadores se observa la misma voluntad de encontrar un pretexto que permitiera eliminar a la oposición e instaurar un orden totalitario»^[2].

El atentado de Bolonia ha sido objeto de numerosos debates historiográficos, pero el desarrollo de los acontecimientos sigue estando envuelto en el misterio hasta el día de hoy. Se ha hablado insistentemente de una provocación policial y de una conspiración organizada por ciertos sectores del Gobierno contrarios a la política de Mussolini. También se han mencionado algunos posibles autores intelectuales, como Leandro Arpinati (ras de Bolonia) y Roberto Farinacci, ambos destacados representantes del ala intransigente del Partido Fascista^[3].

La dinámica del incidente es sencilla y, en cierto modo, repite el guion de los otros tres atentados fallidos. Un joven boloñés con camisa negra, Anteo Zamboni (hijo de un tipógrafo fascista, aunque en el pasado había sido anarquista, al igual que el resto de su familia), disparó un tiro de pistola contra Mussolini, quien, tras visitar el Archiginnasio, pasaba en un automóvil descubierto en el que también viajaban Arpinati, Grandi y el alcalde de Bolonia, Puppini. «El proyectil —así describe la escena La Civiltà Cattolica— rasgó al honorable Mussolini la banda del Gran Cordón Mauriciano y la chaqueta a la altura del pecho, atravesando luego la manga del alcalde, que estaba sentado a su lado. El asesino había apuntado, por tanto, a una parte vital; pero, por un felizísimo azar, en el que el pueblo vio una especial asistencia del Cielo, el honorable Mussolini salió completamente ileso y, sin desconcertarse ni perder la calma, prosiguió su camino hacia la estación, donde pronunció un discurso ante varios centenares de oficiales del ejército»^[4].

El joven Zamboni fue inmediatamente atacado por los fascistas presentes y masacrado en el lugar. En el cadáver del muchacho de quince años, trasladado de inmediato a la jefatura de policía, se encontraron marcas de estrangulamiento, catorce profundas puñaladas y un disparo de revólver. Diversos indicios y testimonios recogidos en aquella época permitieron constatar la presencia, cerca de Zamboni, de un pequeño grupo de individuos armados con puñales que, inmediatamente después del disparo, se abalanzaron sobre el joven y lo masacraron. La precipitación por eliminar al autor del atentado debe considerarse un elemento, cuando menos, sospechoso, como si alguien hubiera tenido interés en hacer callar para siempre al desdichado atacante^[5]. Esta hipótesis también está implícita en la descripción del atentado que hizo La Civiltà Cattolica: «La tumultuosa exasperación del momento terrible, en beneficio de quienes lo habían instigado, selló para siempre aquellos labios, de los que, bajo la angustia de un atroz remordimiento, habría brotado fácilmente la confesión»^[6].

El atentado de Bolonia brindó al Gobierno la oportunidad de sacar adelante la segunda tanda de «leyes liberticidas», que, en realidad, el ministro Rocco llevaba tiempo preparando —y que, según afirmó el propio Mussolini, fueron obra de este último— para completar las medidas adoptadas por el Gobierno el año anterior^[7]. El 5 de noviembre de 1926, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad varias disposiciones propuestas por el ministro del Interior, Luigi Federzoni, que suprimían garantías fundamentales de libertad contempladas en el Estatuto Albertino, formalmente todavía vigente. Dichas disposiciones fueron aprobadas definitivamente por la Cámara el 9 de noviembre y por el Senado del Reino el 20 de noviembre.

Estas medidas para la «defensa del Estado» decretaban la anulación de todos los pasaportes para viajar al extranjero; establecían severas sanciones contra los emigrantes clandestinos; revocaban por tiempo indefinido las licencias de todas las publicaciones diarias y periódicas contrarias al régimen; disolvían todos los partidos políticos, asociaciones u organizaciones que «desarrollaran una actividad contraria al régimen»; e instituían el confinamiento policial para todos aquellos que «hubieran cometido o manifestaran el propósito deliberado de cometer actos dirigidos a subvertir violentamente el orden social, económico o nacional establecido en el Estado, o a menoscabar, contrarrestar u obstaculizar la actuación de los poderes del Estado»^[8]. Asimismo, contemplaban la pena capital para quienes atentaran contra la vida de los miembros de la familia real y del jefe del Gobierno, así como para los responsables de delitos de especial gravedad contra la «vida del Estado», como insurrecciones, revoluciones, incitación a la guerra civil, etc.

Para poner en práctica estas medidas, que anulaban sustancialmente las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, se crearon posteriormente dos nuevos organismos: una policía política (la OVRA), que debía trabajar al servicio del régimen y del Partido Fascista, y un «Tribunal Especial para la Defensa del Estado», presidido por un militar (un general) e integrado por cinco cónsules de la Milicia, cuyos procedimientos judiciales se regían por las normas especiales vigentes en tiempo de guerra. Sus sentencias eran inapelables.

El honorable Augusto Turati propuso ante la Cámara la destitución de los 124 diputados de la oposición porque —según se afirmó—, dado que el Consejo de Ministros había «decretado la disolución de todos los partidos, asociaciones y organizaciones que desarrollaran una actividad contraria al régimen», era necesario expulsar de la Cámara legislativa a quienes constituían una parte importante de dichos partidos. La propuesta fue aprobada por unanimidad por los fascistas, y los diputados de la oposición fueron declarados cesantes en sus cargos. El 1 de noviembre, la Agencia Stefaní anunciaba la disolución efectiva de todos los partidos políticos y organizaciones antifascistas, así como el nombramiento de comisarios gubernamentales en sustitución de los dirigentes de aquellas organizaciones económicas «cuyas administraciones suscitaban dudas»^[9].

Comenzaba así el período de la dictadura fascista, aunque formalmente el Estatuto Albertino continuaba vigente, si bien despojado de las garantías políticas y civiles que contemplaba.

La violencia fascista contra Azione Cattolica

El atentado de Bolonia, hábilmente instrumentalizado por la propaganda fascista —como, en parte, también había sucedido en los otros casos—, conmocionó profundamente a la opinión pública nacional y reforzó el prestigio personal de Mussolini entre los italianos. Una parte de la prensa católica interpretó el hecho de haber salido ileso como una señal del Cielo, una especie de protección divina concedida al jefe del fascismo por su compromiso en favor de la religión y de la Iglesia. Muchos obispos enviaron a Mussolini telegramas de felicitación, en los que también le aseguraban sus oraciones y su apoyo en su labor al servicio del país, mientras que en numerosas catedrales italianas se cantó un Te Deum de acción de gracias por la vida del duce.

Pío XI, en un discurso dirigido a los cardenales el 20 de diciembre de 1926, con ocasión de las fiestas navideñas, hizo referencia al atentado contra Mussolini y afirmó: «Al principio se produjo una tempestad de indignación y horror ante el insensato atentado contra la vida del hombre que gobierna con tanta energía los destinos del país, hasta el punto de que, con razón, se considera que el propio país corre peligro cada vez que peligra su persona»^[10]. Estas palabras expresaban, a pesar de todo, un reconocimiento por las numerosas concesiones que Mussolini había otorgado unilateralmente a la Iglesia durante sus primeros cuatro años de gobierno.

Sin embargo, todo ello no detuvo la oleada de violencia que, en los días inmediatamente posteriores al atentado, se desencadenó contra las sedes y los círculos de las oposiciones políticas. En particular, fueron objeto de ataques las asociaciones de Azione Cattolica, consideradas colaboradoras del Partito Popolare^[11].

De un informe redactado para la Secretaría de Estado por monseñor Ferdinando Roveda^[12], asistente general de Azione Cattolica, se desprende que estos actos de violencia y devastación fueron especialmente graves y afectaron a varias provincias del norte de Italia^[13]. Algunos sacerdotes de Treviso, Novara, Padua, Trento, etc., tuvieron que abandonar sus parroquias porque los fascistas locales los habían amenazado de muerte^[14]. En Vicenza se organizaron manifestaciones hostiles contra el obispo. En Brescia fueron incendiadas las imprentas del periódico Il Cittadino di Brescia y de la editorial Morcelliana. En Trento fueron saqueados el Consorcio Social —y sustraídos los bienes de su almacén—, así como la sede de la imprenta Tridentum y la redacción del periódico Il Nuovo Trentino.

Actos de devastación similares tuvieron lugar en Treviso, Padua, Venecia, Vicenza y Fabriano. En algunas ciudades, además, las sedes de la Unión del Trabajo y de la Secretaría del Pueblo fueron clausuradas por decreto de la prefectura. En aplicación de la ley del 12 de enero de 1924, en Trento, Vicenza, Verona, etc., los consejos de administración de importantes instituciones económicas católicas fueron sustituidos por comisarios nombrados por el prefecto^[15].

Mientras que en las provincias del norte de Italia los jerarcas fascistas, a menudo con la ayuda o la connivencia de las propias autoridades del Estado, actuaban impunemente contra determinadas obras católicas, por considerarlas vinculadas al Partido Popular Italiano o dirigidas por asistentes que habían militado en las filas del partido de don Sturzo, en Roma los altos jerarcas del régimen condenaban en sus discursos (o telegramas) oficiales los actos de violencia perpetrados en las provincias contra las asociaciones católicas, para después garantizar la impunidad de los culpables, al no llevar a la práctica las medidas punitivas que habían amenazado con adoptar, anunciadas únicamente por motivos de propaganda política. En definitiva, se trataba de la habitual política mussoliniana del palo y la zanahoria, destinada a mantener bajo control a la jerarquía eclesiástica y a la Santa Sede.

En aquel momento, Mussolini pretendía, en efecto, enviar una señal contundente al mundo católico: no toleraría en modo alguno ninguna forma de supervivencia del «catolicismo político», ni siquiera bajo la apariencia de fines sociales o filantrópicos, dentro de las organizaciones de Azione Cattolica. Por ello, instaba a la autoridad eclesiástica a apartar de los puestos directivos de la organización a todos aquellos que hubieran militado en el Partido Popular Italiano o siguieran albergando sentimientos favorables a dicho partido. Asimismo, pretendía hacer comprender a los hombres de Iglesia, y en particular a la Santa Sede, que la educación de la juventud italiana proseguiría conforme a las disposiciones de la ley que establecía la Obra Nacional Balilla. El fascismo no estaba dispuesto a dejar este importante ámbito de la vida social al cuidado de los sacerdotes, como había sucedido hasta entonces^[16].

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1. Cf. P. Milza, Mussolini, Roma, Carocci, 2000, 396. ↑

2. Ibid., 400. ↑

3. Cf. R. De Felice, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929), Turín, Einaudi, 1968, 503-511. ↑

4. «Cose italiane», en Civ. Catt., 1926, IV, p. 376. ↑

5. Cf. P. Milza, Mussolini, op. cit., p. 398; R. De Felice, Mussolini il fascista. II…, op. cit., 205 y ss. Sobre el proceso judicial, cf. A. Lorenzetto, «Il processo Zamboni», en Il ponte, octubre de 1945, 629 y ss. ↑

6. «Cose italiane», en Civ. Catt., 1926, IV, p. 377. ↑

7. Cf. A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Turín, Einaudi, 1956, 95 y ss.; N. Tranfaglia, Storia dell’Italia contemporanea. 1. La prima guerra mondiale e il fascismo, Turín, UTET, 1995, 370. ↑

8. «Cose italiane», en Civ. Catt., 1926, IV, p. 379. ↑

9. Ibid., 460. ↑

10. «Allocuzione di S.S. Pio IX pronunciata nel Concistoro segreto del 20 dicembre 1926», en Civ. Catt., 1927, I, p. 16. ↑

11. A este respecto, La Civiltà Cattolica habló de una violencia injustificable, por haberse ejercido contra «ciudadanos pacíficos y beneméritos o instituciones ajenos a todo partido, pero que eran objeto de la animadversión de facciones locales» (ibid., 377). ↑

12. Sobre la actividad de monseñor Roveda durante aquellos años, véase M. Casella, L’Azione Cattolica nell’Italia contemporanea (1919-1969), Roma, Ave, 1992, 196. ↑

13. En aquellos días, estos hechos también fueron denunciados por L’Osservatore Romano. ↑

14. Sobre estos actos de violencia contra las obras católicas, véase F. Pacelli, Diario della Conciliazione: con verbali e appendice di documenti, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1959, 18 y ss. ↑

15. Numerosas publicaciones católicas fueron suspendidas (como, por ejemplo, Il Corriere di Torino, Il Cittadino di Brescia, Il Corriere del Mattino de Verona e Il Nuovo Trentino de Trento) o, en casos menos frecuentes, transformadas en diarios o semanarios fascistas. Buena parte de los periódicos y revistas gestionados por Azione Cattolica fueron suspendidos temporalmente o las autoridades impidieron su distribución. Además, en algunos casos se exigió la destitución del director responsable o la sustitución de todo el equipo de redacción. ↑

16. Cf. S. Rogari, Santa Sede e fascismo dall’Aventino ai Patti Lateranensi, Roma, Forni, 1977, 164; L. Salvatorelli – G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Turín, Einaudi, 1956, 438 y ss. ↑