Equidad intergeneracional y cuidado de las generaciones futuras

En la reciente encíclica Magnifica humanitas, el papa León XIV pone al mundo contemporáneo ante una alternativa: dejarse aprisionar por una utopía tecnológica alimentada por el orgullo, indiferente a los costos humanos que produce, o construir juntos un mundo capaz de sostener el desarrollo armonioso de todos. Todo el texto está atravesado por dos ideas fundamentales. La primera es que nuestras sociedades deben ser capaces de acoger y sostener a cada persona y su dignidad inalienable, jóvenes y ancianos sin distinción. La segunda es que no estamos construyendo solamente para el presente, sino que estamos sentando las bases de la sociedad del mañana, y debemos hacerlo con responsabilidad. En otros términos, el Papa pone de relieve tanto la equidad intergeneracional como la responsabilidad hacia los derechos de las generaciones futuras.

Las ideas desarrolladas en la encíclica no exponen consideraciones abstractas: constituyen un verdadero llamado a la acción. El Papa señala una dirección a seguir y advierte sobre los peligros que deben evitarse, pero los principios que propone deben encontrar aún una traducción concreta en la acción social y política. Él no ofrece soluciones prefabricadas, válidas en todo tiempo y lugar: corresponde a las personas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los educadores, a las empresas y a los responsables políticos encontrar la manera de traducir los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en su propio contexto.

Pocos meses antes de la publicación de la encíclica Magnifica humanitas, la Comisión Europea había presentado un importante documento: la Estrategia sobre la equidad intergeneracional^[1], el primer texto de este tipo elaborado y publicado por la institución europea. Las organizaciones católicas, y en particular el Jesuit European Social Centre (JESC), acompañaron el proceso de elaboración y desarrollo de este documento. El presente artículo se propone compartir algunas reflexiones surgidas a lo largo de esta experiencia, como ejemplo de traducción de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia a la práctica. Al mismo tiempo, tratará de precisar con mayor claridad las dos nociones de «equidad intergeneracional» y de «derechos de las generaciones futuras».

Equidad intergeneracional

En su esencia, la equidad intergeneracional representa una aplicación particular del principio del bien común. Así como este último se refiere a la configuración de la sociedad, es decir, a sus estructuras sociales, políticas y económicas y al modo en que estas inciden en la posibilidad de que las personas lleven una vida digna y plena de sentido, la equidad intergeneracional centra la atención en el equilibrio en la distribución de las oportunidades y los recursos entre las distintas generaciones. Tradicionalmente, esto ha supuesto una atención particular a los jóvenes y a los ancianos.

En el contexto europeo, esta perspectiva resulta muy pertinente, ya que ambos grupos pueden encontrarse en una situación de desventaja estructural. Las personas menores de 18 años no disponen de representación política y tienen una capacidad limitada de incidir en el ámbito económico. Incluso si se amplía la categoría de los jóvenes hasta los treinta años, las nuevas generaciones se encuentran inevitablemente en la posición de quienes deben abrirse un espacio, compitiendo por los recursos con generaciones ya consolidadas. En cuanto a los ancianos, aunque su representación política todavía puede estar garantizada, esta se ve contrarrestada por el riesgo concreto del aislamiento social o de diversas formas de dependencia.

Las relaciones entre las generaciones han sido siempre, al mismo tiempo, fuente de enriquecimiento humano y terreno de tensión, pero los resultados de la modernidad han alimentado sobre todo relatos que tienden a contraponer unas generaciones a otras. La rápida innovación tecnológica ha colocado a los trabajadores de mayor edad en una posición de desventaja: su experiencia profesional es considerada a menudo obsoleta; se los considera poco flexibles y demasiado costosos de contratar. Al mismo tiempo, modelos culturales que exaltan la innovación y la discontinuidad han ido erosionando progresivamente el respeto tradicional reservado a las generaciones consideradas más «sabias». El descenso demográfico y los cambios culturales han transformado profundamente, además, las últimas décadas de la vida, aumentando el riesgo de la soledad y la necesidad de formas de asistencia cada vez más profesionalizadas, con costos que en ocasiones pueden ser muy elevados. Todo ello se ve acentuado aún más por el aumento de la esperanza de vida.

También entre los jóvenes se encuentran relatos igualmente conflictivos. El más extendido de ellos atribuye a las generaciones anteriores la responsabilidad de haber alterado las reglas del juego en beneficio propio. Los jóvenes perciben una progresiva reducción del acceso a los principales servicios sociales —educación gratuita, vivienda, trabajo estable, atención sanitaria, pensiones— como consecuencia de sistemas que se han vuelto insostenibles en un contexto de débil crecimiento demográfico y económico. Asimismo, consideran que el peso electoral de las generaciones de mayor edad, acrecentado precisamente por la evolución demográfica, es una de las causas del inmovilismo político. Finalmente, reprochan a las generaciones que los precedieron haberles dejado como herencia un planeta degradado.

Una parte de estos relatos es ciertamente injusta, simplificada o exagerada. Sin embargo, independientemente de su fundamento, deben tomarse en serio cuando se aborda el tema de la equidad intergeneracional. La equidad, en efecto, es un principio capaz de iluminar los juicios y los sentimientos de las personas y, por tanto, de impregnar las estructuras del sistema social. Constituye además un valioso capital político, indispensable para mantener cohesionada una sociedad. Al presentar el tema de la equidad intergeneracional después de las elecciones europeas de 2024, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, observaba que «una de las lecciones que se desprenden de las últimas elecciones europeas es el malestar generalizado presente en la sociedad, que alimenta las divisiones dentro de nuestras comunidades y permite que los extremismos se aprovechen de los temores de las personas»^[2].

Un aspecto al que toda política orientada a la equidad intergeneracional debe prestar especial atención es que las medidas adoptadas no sean percibidas como un nuevo desequilibrio entre las generaciones. La asignación de recursos a un determinado grupo debe ser, y parecer, legítima y necesaria. En efecto, sería trágicamente irónico comprometer la propia percepción de la equidad en el intento de promoverla. Y, sin embargo, la lógica de la competencia electoral hace que a menudo resulte tentador privilegiar los intereses de un grupo particular por encima del bien común, con el fin de obtener su apoyo.

Los derechos de las generaciones futuras

Si la equidad intergeneracional puede considerarse una aplicación particular del principio del bien común, los derechos de las generaciones futuras pueden vincularse al principio del destino universal de los bienes. En cierto sentido, la Tierra y sus riquezas pertenecen, de hecho, a los hombres y mujeres que la habitan hoy. Sin embargo, es difícil negar que, así como la hemos recibido en herencia de las generaciones que nos precedieron, también tenemos el deber ético colectivo de transmitirla a las generaciones futuras, al menos en unas condiciones que permitan que siga siendo habitable. Y si realmente existe este deber, parece lógico reconocer también los correspondientes derechos de las generaciones futuras y preguntarnos hasta qué punto nuestras acciones los respetan.

Durante gran parte de la historia de la humanidad, este deber ético permaneció principalmente en el ámbito teórico. La supervivencia constituía, en efecto, la prioridad absoluta: una lucha cotidiana librada por una humanidad frágil en un contexto de recursos naturales aparentemente inagotables. Incluso con el desarrollo de la industria a gran escala, entre los siglos XIX y XX, la confianza en el progreso científico atenuaba estas preocupaciones: se consideraba que las generaciones futuras dispondrían de herramientas más eficaces para afrontar los problemas que las generaciones presentes no habían logrado resolver. Se confiaba en que el progreso les garantizaría unas condiciones de vida mejores que las actuales, trasladando paradójicamente a ellas, en una suerte de singular inversión de la solidaridad, la tarea de resolver las dificultades que habían quedado sin resolver.

Esta visión se ha visto profundamente resquebrajada por la creciente conciencia de que la humanidad puede consumir o comprometer los recursos de la Tierra más rápidamente de lo que estos son capaces de regenerarse. Las generaciones futuras podrían —o, quizá, tendrán que— vivir en un mundo más difícil que el nuestro. El cambio climático hará que el planeta sea menos hospitalario para la vida humana; la pérdida de biodiversidad reducirá las oportunidades de nuevos descubrimientos científicos y empobrecerá los ecosistemas; la contaminación tendrá consecuencias cada vez más graves para la salud; la degradación de los suelos provocada por los monocultivos intensivos dificultará la alimentación de una población mundial en crecimiento. Y la lista podría continuar.

Pero no es únicamente mediante la explotación de la naturaleza como incidimos en la vida de las generaciones futuras. También las sociedades que construimos determinan el punto de partida desde el cual estas deberán avanzar. Y también aquí los desafíos son numerosos. El desplome de la natalidad corre el riesgo de comprometer los equilibrios de muchas sociedades. Las persistentes desigualdades sociales y económicas limitan el desarrollo de muchas personas, del mismo modo que los desequilibrios en las relaciones internacionales y en las relaciones económicas obstaculizan el crecimiento de numerosos países. La ingente deuda acumulada por muchos Estados, ricos y pobres, reducirá los márgenes de elección de las políticas futuras. La presencia generalizada de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y el entretenimiento digital está modificando profundamente nuestra manera de relacionarnos, desde la familia hasta la sociedad en su conjunto. El desarrollo de la inteligencia artificial nos conduce, además, hacia territorios inexplorados, alimentando incluso los temores más sombríos de futuros distópicos. Como observaba claramente el papa Francisco en Laudato si’, «las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad»^[3].

La protección del bienestar de las generaciones futuras se enfrenta muy pronto al problema de su representación. Al no estar todavía presentes, estas no tienen ninguna posibilidad de hacer oír su voz ni de expresar sus preferencias. Dependen enteramente de nuestra buena voluntad. Una situación que, en parte, también afecta a los jóvenes, quienes, sin embargo, pueden ser consultados y encontrar vías alternativas para hacer oír su voz, como demostraron hace algunos años las manifestaciones estudiantiles por el clima. No puede decirse lo mismo de las generaciones futuras. También en el ámbito político se encuentran en una posición de evidente desventaja. Para un representante político no es fácil defender la necesidad de limitar el consumo actual para proteger las oportunidades de los hijos de otros, especialmente cuando se dirige a ciudadanos que experimentan dificultades concretas en una sociedad marcada por profundas desigualdades. Finalmente, se plantea una cuestión adicional: ¿quién puede representar legítimamente los intereses de las generaciones futuras? Los sistemas democráticos están concebidos para representar a los ciudadanos de hoy, no a los de mañana. Por lo tanto, quien pretenda hablar en su nombre debe demostrar la máxima imparcialidad y no perseguir intereses propios. En ausencia de tal independencia, su voz resultará inevitablemente debilitada.

Una atención creciente

Estos desafíos no han impedido que, en distintas partes del mundo, surgieran iniciativas destinadas a crear organismos específicamente dedicados a la representación de las generaciones futuras, también en algunos ordenamientos europeos. Algunos ejemplos: Finlandia creó una comisión parlamentaria (1993), Gales un comisionado independiente para las generaciones futuras (2015), Hungría nombró un defensor del pueblo (2008), mientras que Gibraltar estableció un asesor del poder ejecutivo (2018). A pesar de sus diferentes configuraciones, todos estos organismos persiguen una misma finalidad: promover una visión a largo plazo en el conjunto de las políticas públicas, desde las cuestiones ambientales hasta la sostenibilidad del welfare. Su objetivo es anticipar los desafíos futuros y procurar que las decisiones de los gobiernos no estén dictadas por una perspectiva cortoplacista, sino que sepan afrontar problemas sistémicos que podrían no ser inmediatamente evidentes.

A escala mundial, la cuestión de las generaciones futuras ocupa desde hace décadas un lugar central en el concepto de desarrollo sostenible. A lo largo de los años, este concepto ha orientado la acción multilateral promovida en el marco de las Naciones Unidas. También orientó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vigentes entre 2000 y 2015. Con su sustitución por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la dimensión de la sostenibilidad pasó definitivamente a primer plano. En el momento de la adopción de la Agenda 2030, que comprende dichos Objetivos, el papa Francisco, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, saludó este logro como «un signo de esperanza»^[4]. En aquella ocasión observó que la atención a la sostenibilidad representaba un saludable cambio de perspectiva respecto de concepciones del desarrollo basadas casi exclusivamente en el crecimiento económico y la acumulación de riqueza. Pero, al mismo tiempo, advirtió a los líderes mundiales que estas buenas intenciones solo darían fruto si estaban respaldadas por un compromiso concreto y por una sólida visión moral fundada en el derecho a la vida de cada persona. Más recientemente, el Pacto para el Futuro^[5], adoptado en 2024, reafirmó el compromiso de los líderes mundiales con el desarrollo sostenible a través del multilateralismo.

Al Pacto se adjunta una Declaración sobre las generaciones futuras específica, que demuestra cómo la idea misma de una responsabilidad ética hacia las generaciones futuras ha pasado a ocupar un lugar central en la conciencia política internacional. La Declaración identifica 10 principios fundamentales a los que los Estados se comprometen a ajustar su actuación. Estos delinean con claridad aquello que forma parte de nuestros deberes hacia las generaciones futuras y, de manera correlativa, de sus derechos: 1) la salvaguardia de la paz internacional en el marco de las Naciones Unidas; 2) la garantía universal de los derechos humanos; 3) la eliminación de los mecanismos que perpetúan la pobreza, tanto dentro de los distintos países como entre las naciones; 4) la promoción de la solidaridad y el diálogo entre las generaciones, con especial atención a la familia; 5) la protección de un medio ambiente saludable; 6) la promoción de un uso éticamente responsable de la tecnología; 7) el logro de la igualdad entre hombres y mujeres; 8) la plena participación de las personas con discapacidad; 9) la eliminación de las discriminaciones raciales; 10) la construcción de un sistema multilateral inclusivo, capaz de reforzar la solidaridad internacional al servicio de la dignidad humana.

La campaña «Future Generations Initiative»

A raíz del creciente interés internacional por los derechos de las generaciones futuras y con vistas a las elecciones europeas de 2024, el Jesuit European Social Centre^[6] decidió promover la integración de la perspectiva de las generaciones futuras en el proceso legislativo de la Unión Europea. Aunque considera que esta iniciativa contribuyó efectivamente al proceso que condujo a la adopción de la Estrategia de la Comisión Europea sobre la equidad intergeneracional, el JESC es consciente de que documentos de este tipo representan el punto de llegada del trabajo realizado a lo largo de los años por una multiplicidad de actores —desde el mundo académico hasta los activistas, desde la sociedad civil hasta la política— que han preparado el terreno para la decisión final. Por tanto, puede resultar útil observar cómo una organización católica logra colaborar en un contexto ampliamente secularizado, poniéndose al servicio del bien común.

El primer paso consistió en identificar el enfoque más adecuado para traducir estos principios al marco jurídico e institucional de la UE. Fueron necesarios seis meses de consultas con expertos de diversa procedencia: juristas, organizaciones no gubernamentales asociadas, representantes de organismos ya existentes dedicados a las generaciones futuras e investigadores. Este trabajo permitió afinar la comprensión del tema e identificar dos posibles estrategias. La primera consistía en promover la creación de un organismo independiente vinculado a la UE: una especie de defensor del pueblo, encargado de representar y proteger los derechos de las generaciones futuras. Aunque resultaba muy atractiva desde el punto de vista ético, ya que habría otorgado la máxima visibilidad a los derechos sustantivos de las generaciones futuras y garantizado una plataforma estable para su protección, esta opción fue descartada porque, en el contexto político del momento, tenía escasas posibilidades de ser acogida favorablemente.

Se optó, por tanto, por una segunda solución: integrar la perspectiva de las generaciones futuras en el actual proceso legislativo de la UE, en particular en la actividad de la Comisión Europea, que posee el monopolio de la iniciativa legislativa. Este planteamiento tomó forma en un manifiesto elaborado mediante un proceso colaborativo, en el que participó una red de socios que fue ampliándose progresivamente gracias a los contactos establecidos durante la fase de investigación. La redacción del manifiesto requirió, ante todo, identificar un fundamento jurídico en las leyes de la UE. Esta base se encontró en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que compromete a la UE a promover el «desarrollo sostenible», tanto en su propio ámbito como en el planeta, y hace referencia explícita a la «solidaridad entre las generaciones»^[7].

Dado el amplio alcance del artículo 3, era necesario, sin embargo, indicar modalidades concretas para traducir sus principios a la práctica. La reflexión se concentró en tres propuestas principales: 1) una Declaración interinstitucional sobre los derechos de las generaciones futuras, suscrita por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, que definiera dichos derechos y comprometiera a las instituciones de la Unión a tenerlos en cuenta en sus políticas; 2) un comisionado europeo para las generaciones futuras, dotado de un mandato transversal que le permitiera intervenir en todos los procedimientos legislativos en los que estuvieran implicados los intereses de las generaciones futuras; 3) una evaluación de impacto sobre las generaciones futuras mediante la revisión de las Better Regulation Guidelines, es decir, las directrices que regulan la preparación de la normativa europea, con el fin de que la equidad intergeneracional se convirtiera en un principio fundamental de la actividad legislativa y que toda propuesta normativa fuera sometida a una evaluación de sus consecuencias a largo plazo.

Con excepción de la Declaración interinstitucional, se observará que estas propuestas se refieren, más que a la afirmación de derechos sustantivos de las generaciones futuras, al funcionamiento de los procesos legislativos. Más que indicar a la UE qué decisiones adoptar, pretenden difundir una cultura de la planificación a largo plazo. En este sentido, pueden ser más fácilmente compartidas por un amplio espectro de actores políticos. Esto no significa, sin embargo, que sean neutrales: el deseo es, en efecto, que detenerse a reflexionar, disponer de instrumentos científicos más eficaces para prever y evaluar los efectos a largo plazo de las políticas y favorecer la confrontación de ideas, en lugar de dejar que estas avancen sin un adecuado examen crítico, haga que los responsables públicos sean más conscientes de las consecuencias de sus decisiones.

Una vez definidos los objetivos, el paso siguiente fue construir una coalición de organizaciones que compartieran la misma sensibilidad, con el fin de reforzar el llamado al cambio de cara a las elecciones europeas de 2024. También en este caso era fundamental involucrar a socios muy diferentes entre sí, demostrando que la representación de las generaciones futuras no constituía el proyecto particular de un único grupo de presión. Con el tiempo, la coalición llegó a comprender 17 organizaciones adherentes y casi otras tantas entidades colaboradoras, activas en los ámbitos de la ecología, las políticas juveniles, la cooperación al desarrollo, la integración europea y muchos otros sectores. Algunas eran de inspiración religiosa, muchas otras no^[8]. Vale la pena observar cómo esta campaña representó una auténtica experiencia de descubrimiento mutuo, demostrando que un trabajo común, orientado por un objetivo claro, puede permitir que organizaciones muy diferentes superen desconfianzas y diferencias para perseguir juntas el bien común.

Lanzada oficialmente en febrero de 2024 con el nombre de Future Generations Initiative, y con las elecciones europeas de junio ya próximas, la campaña inició una intensa actividad de diálogo con los legisladores y responsables políticos en Bruselas. Quizá sorprendentemente, no encontró una oposición significativa. Por el contrario, supo recoger una necesidad ampliamente extendida de recuperar una perspectiva a largo plazo en una UE cansada de actuar bajo una lógica permanente de gestión de emergencias. Sus principales propuestas obtuvieron el apoyo de un grupo de diputados del Parlamento Europeo pertenecientes a diferentes grupos políticos^[9].

La campaña probablemente también se benefició de cierta superposición entre los conceptos de equidad intergeneracional y de derechos de las generaciones futuras. Muchos funcionarios y responsables políticos tenían, en efecto, en mente sobre todo las cuestiones relativas a la solidaridad entre las generaciones actualmente vivas y a la protección de los jóvenes o de los ancianos. La campaña, en cambio, estaba explícitamente orientada a la protección de los derechos de las generaciones aún no nacidas. No se trata de una confusión sorprendente: los representantes políticos, por definición, representan ante todo a los ciudadanos de hoy. Sin embargo, esta diferencia de perspectiva no genera necesariamente una contraposición, porque los jóvenes constituyen un indicador razonable de los intereses de las generaciones futuras: confrontarse con sus preocupaciones lleva ya a muchos a preguntarse cómo trata la sociedad a quienes vienen después de nosotros. De manera análoga, las dificultades que viven las personas mayores suelen revelar problemas que han quedado sin resolver o mostrar los límites de soluciones adoptadas en el pasado sin suficiente previsión o basadas en remedios a corto plazo.

Esta superposición también quedaba claramente de manifiesto en las Orientaciones políticas presentadas por von der Leyen como programa de la nueva Comisión Europea: «También debemos garantizar que las decisiones que tomemos hoy no perjudiquen a las generaciones futuras y reforzar la solidaridad y el diálogo entre personas de diferentes edades. Para orientar este trabajo, nombraré a un comisario cuyas responsabilidades incluirán también la promoción de la equidad intergeneracional»^[10]. Para la campaña, este anuncio representó un momento especialmente importante, porque mostraba que las ideas promovidas estaban encontrando una acogida efectiva. Lo fue aún más cuando el compromiso se hizo realidad con el nombramiento del maltés Glenn Micallef como comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, cargo que asumió el 1 de diciembre de 2024.

Durante más de un año, la campaña continuó desarrollando su actividad, manteniendo un diálogo constante con la Comisión Europea y, en particular, con el gabinete del comisario Micallef, mientras la nueva administración definía su propio enfoque sobre la equidad intergeneracional. Este intercambio condujo al nombramiento de Bela Kuslits, entonces responsable de ecología del JESC, como miembro del grupo de expertos encargado de asistir al Panel de Ciudadanos sobre la equidad intergeneracional. El Panel, compuesto por 150 ciudadanos de la UE seleccionados mediante sorteo, se reunió durante tres fines de semana en el otoño de 2025 y elaboró una serie de recomendaciones destinadas a la Comisión Europea, aportando la perspectiva de los ciudadanos a la redacción de la Estrategia sobre la equidad intergeneracional^[11].

Una evaluación de la Estrategia

En conjunto, la Estrategia ofrece muy pocos elementos susceptibles de crítica. Se articula en torno a tres principales líneas de acción: 1) «políticas justas» (fair policymaking), orientadas a elaborar políticas para las jóvenes generaciones y las generaciones futuras, con su participación; 2) «igualdad de oportunidades» (fair opportunities), destinadas a reducir las desigualdades entre las generaciones; 3) «territorios justos» (fair places), para que las políticas de la Unión lleguen a todos los ciudadanos europeos, independientemente del lugar donde vivan. En particular, la Estrategia:

• compromete a la UE a adoptar una visión basada en la equidad intergeneracional y en la responsabilidad hacia las generaciones futuras, vinculándola con las iniciativas ya emprendidas en el ámbito de la ONU;
• identifica de manera amplia las amenazas que afectan al bienestar futuro, evitando reducir el documento a un único tema;
• vincula explícitamente la cuestión de las generaciones futuras con la necesidad de mantener las actividades humanas dentro de los límites ecológicos del planeta;
• aborda abiertamente el tema de los costos futuros de la inacción presente, introduciendo una perspectiva nueva y particularmente necesaria en el debate europeo;
• pone en valor el proceso participativo que acompañó su elaboración y le da continuidad, promoviendo una mayor participación de los ciudadanos en su aplicación y desarrollo;
• integra diversos instrumentos ya existentes del proceso de toma de decisiones de la Unión y propone otros nuevos, subrayando al mismo tiempo la necesidad de fundamentar las políticas en sólidas evidencias empíricas y en rigurosos instrumentos de evaluación.

Desde una perspectiva más amplia, el documento reafirma una visión de la sociedad fundada en la solidaridad, la participación, la subsidiariedad y la justicia social. Denuncia las desigualdades excesivas y promueve una sociedad en la que todos puedan beneficiarse de iguales oportunidades. Ciertamente, no refleja de manera completa todos los aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia; de hecho, cabe lamentar que evite términos como «persona» y «dignidad», que, sin embargo, forman parte desde hace tiempo del léxico de la UE, al estar presentes tanto en los Tratados como en la Carta de los Derechos Fundamentales. No deja de ser, sin embargo, un documento que merece ser acogido favorablemente, porque expresa un proyecto de sociedad que no se resigna a dejar que sean únicamente la competencia y la lógica del mercado las que determinen quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos.

Un punto de partida, no de llegada

La Estrategia presenta, sin embargo, un límite intrínseco: no es jurídicamente vinculante. Además, mientras, por un lado, la Comisión elaboraba su contenido, por otro, estaba —y continúa estando— comprometida en un frente menos dispuesto a asimilar sus principios. En Bruselas, las prioridades son ante todo la competitividad, la defensa, la autonomía energética y la reindustrialización. Para preservar la posición económica de Europa, las instituciones europeas han dado prioridad a la desregulación y a la reducción de las cargas administrativas, reales o percibidas. Paralelamente, las restricciones presupuestarias de los Estados miembros ejercen una presión creciente para limitar las políticas de la UE, sobre todo en los ámbitos social y ambiental.

Un ejemplo concreto lo ofrece la revisión actualmente en curso de las Better Regulation Guidelines. La orientación predominante parece ser la de eliminar todo obstáculo considerado incompatible con una respuesta rápida a las crisis del momento, en lugar de reforzar la protección de los derechos de las generaciones futuras o abrir en mayor medida el proceso de toma de decisiones a una pluralidad de voces. Sin embargo, sería demasiado sencillo despachar la Estrategia de la Comisión como una mera operación de imagen o un ejercicio de buenas intenciones. En efecto, sigue delineando una visión de lo que la UE debería ser. Algunos de sus aspectos podrán quizá permanecer en el plano simbólico, pero los símbolos tienen un peso en la vida política. Pueden ser invocados para exigir a las instituciones que rindan cuentas de los compromisos asumidos y para interrogarlas acerca de la manera en que equilibran los diferentes intereses en juego.

Algunos considerarán que Europa no puede permitirse ideales tan elevados. Corresponde entonces a los ciudadanos ejercer una legítima presión sobre sus representantes para que se comprometan más firmemente a perseguirlos. Pero, antes aún, nos corresponde a todos —y a los cristianos en particular— demostrar, con nuestras decisiones y nuestro compromiso, que la solidaridad puede vivirse y practicarse realmente. Nos corresponde mostrar que sigue valiendo la pena apoyar estrategias basadas en la participación y en la implicación de todos los niveles de la sociedad. Una verdadera cultura de la solidaridad entre las generaciones, presentes y futuras, no puede quedar confiada únicamente a los profesionales del advocacy: nos concierne a cada uno de nosotros.

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1. Cf. European Commission, Commission presents first ever Strategy on Intergenerational Fairness (www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_535), 5 de marzo de 2026. ↑
2. U. von der Leyen, Political Guidelines for the European Commission 2024-2029, 19 (www.commission.europa.eu/about/commission-2024-2029_en). ↑
3. Francisco, Encíclica Laudato si’, n. 161. ↑
4. Id., Encuentro con los miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, New York, 25 de septiembre de 2015 (https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html). ↑
5. Cf. United Nations, Pact for the Future. Global Digital Compact and Declaration on Future Generation, septiembre de 2024 (https://tinyurl.com/32hp28br). ↑
6. El JESC recoge el legado de la oficina de Bruselas de la OCIPE (Office Catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe), fundada en 1956 en Estrasburgo para promover la reflexión y la publicación de estudios sobre el incipiente proyecto europeo. Está directamente vinculado a la Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos (JCEP) y promueve el bien común europeo a través del diálogo y la interacción con las instituciones (defensa de causas), centrándose especialmente en los temas de los valores, la ecología y el liderazgo ignaciano. ↑
7. Cf. Tratados sobre la Unión Europea (www.eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html). ↑
8. Para la lista de las organizaciones adherentes, cf. www.fitforfuturegenerations.eu/about-us ↑
9. Para la lista de parlamentarios europeos que sostuvieron la iniciativa, cf. https://fitforfuturegenerations.eu/cross-party-support-for-future-generations-agenda/ ↑
10. U. von der Leyen, Political Guidelines…, cit., 19. ↑
11. Las recomendaciones del European Citizens’ Panel on Intergenerational Fairness están disponibles en www.citizens.ec.europa.eu/european-citizens-panels/citizens-panel-intergenerational-fairness_en ↑